EL PRECIO DEL SILENCIO: Un informe que significa un mal trago para Albistur.

Cristina de Kirchner y Álvaro Uribe Vélez pueden tener enfoques políticos diferentes, pero en su discriminación hacia la prensa opositora son muy parecidos.
“Cuando los medios dependen del dinero de la publicidad oficial, éste se vuelve una forma de castigo contra quienes son críticos del gobierno, pero también una forma de premio a quienes son amigos y no critican”, dijo Roberto Saba, de la Asociación por los Derechos Civiles, coordinador del informe quien resaltó que cada vez son menos los casos en los que un gobierno prohíbe de forma directa un contenido.
La creciente interferencia gubernamental en la libertad de expresión amenaza la independencia editorial y el acceso ecuánime a la información en 7 países de América Latina. 'El Precio del Silencio', examina abusos en la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay, incluyendo el uso extendido de publicidad oficial para premiar o castigar coberturas periodísticas. El jueves 14, a las 13:30 el informe se presenta en la Ciudad de Buenos Aires.
“El contenido editorial influye, en contra o a favor. Si el medio es crítico o da una opinión, en la parte comercial eso puede determinar que las entidades están contentas o molestas... Los funcionarios dicen que no van a pautar porque ‘el periódico acaba de divulgar una información que no es muy contundente’. Te piden que les dejes un lapso para que “baje” la información y recién empiezan a pautar”, según cita en el informe Ana María Varón, encargada de la publicidad en el Grupo Latino de Publicidad, que vende pautas en grandes medios regionales, básicamente colombianos.
“Si sacas una información que no le gustó al secretario tal o cual, te quietan la pauta de tu programa”, dijo un periodista de Bogotá donde Uribe Vélez rechaza como Cristina de Kirchner, a los medios, insisten en asfixiar a los críticos.
La investigación describe cómo el sistema de cupos de publicidad, por el cual se les pagan a los periodistas ingresos muy bajos o ningún dinero y se les pide que consigan el resto de su sueldo a punta de vender publicidad, hacen al periodista presa fácil de un sistema perverso.
En la Argentina, el ejemplo de ese sistema fueron los canales Política + Economía, hoy Metro, y Plus Satelital; y programaciones enteras de radios de frecuencias AM y FM.
El sistema nunca fue cuestionado por las asociaciones que nuclea a los periodistas profesionales.
El mayor anunciante de esos programas es el Estado Nacional u organismos descentralizados o los estados provinciales o los municipios: el sector público.
A cambio del sobresueldo, el periodista pierde su identidad.
El periodista debe conseguir la pauta de las mismas personas de quienes tiene que informar, y le será muy difícil mantener alguna independencia. También las entidades oficiales tienden a castigar o no dar pauta a los medios que los critican, y premiar a quienes los alaban o muestran una línea editorial más condescendiente.
“Millones de pesos son utilizados por funcionarios públicos para tratar de comprar coberturas favorables, situación que empeora si tenemos en cuenta los bajos salarios y la falta de seguridad laboral por la que atraviesan muchos periodistas”, dijo Darian Pavli, uno de los autores del informe y asesor jurídico de Libertad de Expresión e Información de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.
Las autoridades latinoamericanas han recurrido durante mucho tiempo a la violencia, al hostigamiento por vías legales y a otras formas de intimidación para silenciar a los periodistas. 'El precio del silencio' revela que distintos gobiernos de la región utilizan en la actualidad mecanismos menos evidentes para controlar a los medios, a través del abuso de sus facultades regulatorias y financieras.
“Esta censura 'sutil' puede inhibir a muchos periodistas y aún permanecer invisible para el público”, sostuvo Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles. “Se necesitan reformas inmediatas que incluyan el compromiso de todos los niveles de gobierno para modificar las leyes sobre publicidad oficial y terminar con las presiones indebidas a los medios”, agregó.
El informe documenta distintos tipos de interferencias y cuenta casos concretos, como los pagos directos de funcionarios públicos a periodistas en Colombia y Perú; las autoridades locales en Chile dictando aquello sobre lo que los periodistas pueden escribir, y el intento de un alto funcionario de Costa Rica de utilizar contratos publicitarios para influenciar el resultado de una extensa batalla política.
“Sin una prensa independiente, ningún país puede disfrutar los beneficios de una democracia vibrante. Aún hoy muchos gobiernos en América Latina tienden a tratar a los medios como a un boletín de noticias”, dijo María Teresa Ronderos, presidente del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que contribuyó con la investigación.
Según el estudio, las facultades regulatorias han sito utilizadas abusivamente para manipular a los medios.
En el ámbito de la radiodifusión en particular, muchos gobiernos han otorgado licencias para beneficiar a amigos políticos y mantener voces independientes fuera del aire.
Uruguay, por ejemplo, recientemente ha comenzado a reconciliarse con una larga historia de favoritismos políticos que afectan la distribución de licencias de radiodifusión.
Asimismo, muchas autoridades toman represalias en contra de coberturas críticas. En Honduras, funcionarios oficiales suspendieron el servicio telefónico a una estación de radio nacional, mientras que autoridades locales argentinas clausuraron una imprenta.
El informe ofrece varias recomendaciones a gobiernos, medios de comunicación y asociaciones de periodistas para enfrentar los problemas, incluyendo una mayor transparencia en el reparto de publicidad oficial. Otras recomendaciones se dirigen a las agencias de control, para reforzar las investigaciones sobre estas prácticas.
Entonces, abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América latina fue elaborado conjuntamente por la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina) y la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (Nueva York). La investigación en cada uno de los países estuvo a cargo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia), Pro Acceso (Chile), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Costa Rica), el Instituto Prensa y Sociedad (Perú), la Asociación de la Prensa Uruguaya e investigadores locales en Honduras.

2007

La ADC analizó las campañas realizadas con fondos públicos, la distribución geográfica y el reparto de la publicidad oficial entre los medios de comunicación durante 2007, y recientemente concluyó que el Poder Ejecutivo Nacional invirtió un 55% más que en 2006.

Su comunicado fue el siguiente:

"Durante 2007 el Poder Ejecutivo Nacional invirtió $ 322.392.600,63 en publicidad oficial, un 55%o más que durante 2006. Los datos surgen de un informe que presentó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre la inversión publicitaria del PEN. El documento –que se basa en información proporcionada por la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación como consecuencia de pedidos de información pública- forma parte del monitoreo que viene realizando la ADC sobre el tema.
En este informe se examinan varias campañas publicitarias, la distribución geográfica de la pauta y el reparto según organismos, rubros y medios. También, el aumento del gasto en publicidad oficial y cuestiones vinculadas con los procesos de contratación.
Algunas de las conclusiones alcanzadas son las siguientes:

a) Las cifras ratifican la tendencia al alza que tiene el gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras que en 2003 se gastaron $ 46.267.906, en 2004 se duplicó esa cifra alcanzando los $ 99.815.380. En 2005 el gasto fue de $ 127.462.075, y en 2006 superó los $ 209 millones. En todos los casos los presupuestos originales fueron largamente superados por la ejecución final.
El aumento del gasto en concepto de publicidad oficial –si está debidamente justificado– no debiera ser problemático per se. Sin embargo, en un contexto donde no hay criterios claros y objetivos, y sí una gran discrecionalidad en la utilización de los fondos públicos, el aumento exponencial de los montos destinados a publicidad oficial genera preocupación por su posible impacto en el sistema de medios de comunicación y en el debate público.

b) Durante el período analizado subsistieron algunas campañas del PEN que cabe cuestionar por destacar, sin justificación aparente, la figura de funcionarios públicos u organismos gubernamentales, algo que es contrario al fin de utilidad pública que debiera tener la publicidad oficial. Es el caso específico de la campaña “visitas presidenciales”, que ocupó el cuarto lugar dentro de las campañas que más dinero demandaron en el año 2007.
Estos avisos en conjunto pasaron de ocupar el sexto lugar en 2006 al cuarto en 2007 (con $ 14.899.431 de inversión), triplicando lo dispensado en otras campañas de interés público como “Trabajo registrado”, del Ministerio de Trabajo, o “Factura en mano”, de la AFIP. Se trata de la principal campaña ordenada por Presidencia de la Nación en 2007. La campaña “Visitas” fue creciendo durante el año hasta alcanzar sus niveles más altos de inversión en septiembre, cuando requirió $ 2.930.383, y en octubre, con $ 2.269.636. En los últimos 2 meses del año cesó de promoverse. Llama la atención este hecho teniendo en cuenta las elecciones de octubre del año pasado.

c) Otra de las características verificadas en 2007 es que la inversión publicitaria directa (esto eso, invertida directamente en medios específicos, sin pasar por intermediarios como productoras, agencias de publicidad u otros) en el rubro de diarios, revistas, radios y TV tendió a concentrarse en medios de la Ciudad de Buenos Aires y en los de distribución nacional, mientras que el porcentaje que se destinó a medios del interior fue relativamente bajo.
Las provincias que mayor pauta del gobierno nacional han recibido en forma directa fueron –en orden decreciente- Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz. En Santa Cruz, más de la mitad de estos fondos pautados en forma directa (sin contar a las productoras u otros intermediarios) fueron destinados a medios pertenecientes a Rudy Ulloa Igor, empresario de medios que según investigaciones periodísticas está muy vinculado al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner
El informe incluye la lista de los proveedores provinciales que mayor cantidad de pauta oficial en los rubros diarios, revistas, radios y TV recibieron del Gobierno nacional en forma directa.

d) Algunas asignaciones de publicidad oficial a medios durante 2007 resultan difíciles de justificar por parámetros objetivos y parecieran ser el resultado de decisiones basadas en la línea editorial de los medios u otras razones. El informe detalla el reparto en Gráfica, TV y Radio.

e) Finalmente, otra de las características detectadas es la importante presencia de empresas productoras, agencias de publicidad y otros intermediarios como proveedores de publicidad oficial en 2007. Entre los cien principales proveedores de ese año, 41 son empresas productoras, agencias de publicidad u otros intermediarios. En los rubros de cable, radio y TV dicha proporción es todavía mayor.
La ADC insiste en la necesidad de establecer marcos normativos adecuados que regulen la producción, contratación, distribución y control de la pauta del Estado. En este sentido, celebra los proyectos de ley que se han presentado en varias provincias y a nivel nacional, y la sanción de un marco regulatorio en Tierra del Fuego. A nivel nacional, la ADC llama la atención sobre la inactividad del Congreso para tratar los proyectos de ley presentados."
fuente: Cadal